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28 de agosto 2017.- Este lunes, integrantes de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) se reunieron con el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno, a quien le entregaron un documento con el registro de todas las agresiones, en las que están involucrados delincuentes, policías y funcionarios.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión, donde los comunicadores expusieron el contexto al que se enfrentan todos los días para desempeñar su trabajo, y dejaron claro que no buscan privilegios, sino respeto a su labor y las condiciones de seguridad necesarias para desempeñarla.

“Reporteros de Guerrero pedimos un alto a las agresiones y a la violencia en contra de la libertad de expresión. No pedimos privilegios ni trato especial, sólo justicia. La impunidad y la falta de castigo está matando a cientos de ciudadanos en este estado, y los periodistas no somos la excepción”, se lee en el documento.

Del total de las agresiones documentadas por la APEG, ocho han ocurrido en lo que va de agosto. Los casos más graves son el asesinato del periodista Cecilio Pineda Birto, en la región Tierra Caliente, ocurrido en marzo pasado; así como la retención, robo y amenazas que sufrieron siete reporteros en esa misma zona del estado por un centenar de sicarios, el 13 de mayo.

Los periodistas solicitaron al presidente de la Comisión de Derechos Humanos que ejerza sus facultades y le dé seguimiento a cada uno de los casos, pues en ninguno hay resultados en las investigaciones que ha iniciado la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que hace suponer que prevalecerá la impunidad.

Navarrete Magdaleno se comprometió a dar acompañamiento a la APEG en todas las denuncias que han sido interpuestas por estas agresiones, además puso a su disposición la Comisión que encabeza para que sirva de puente con las autoridades e instituciones gubernamentales involucradas en estos hechos.

Reconoció la complejidad de ejercer el periodismo en Guerrero, incluso expresó que los propios integrantes de la Comisión han padecido escenarios similares porque a algunas autoridades les “parece incómoda nuestra presencia”.

Entre los casos documentados recientemente por la APEG, está el de la corresponsal de El Sur en la Montaña, Antonia Ramírez, el pasado 20 de agosto en el municipio de Copanatoyac, donde guardaespaldas la obstaculizaron “con cierto grado de violencia” cuando intentaba acercarse al gobernador para entrevistarlo.

“Los escoltas tomaron a la periodista por la cintura y la levantaron en vilo para apartarla del paso de Astudillo. Pero no sólo eso. También intentaron despojarla de su cámara fotográfica. Y lo que es peor, en un intento de justificar frente a los testigos su abuso, la acusaron de estar borracha, lo que constituye un insulto grave”.

Cinco días después, el corresponsal de ese mismo medio en Iguala, Alejandro Guerrero, fue arrollado por un automóvil dentro del estacionamiento de la plaza comercial Tamarindos. El impacto fue de frente y le provocó lesiones en la cabeza, el tórax y una fractura en clavícula, por lo que requiere una intervención quirúrgica.

“Todo parece indicar que el ataque fue intencional, como lo ha relatado nuestro compañero. Incluso, la organización Article 19 lo ha catalogado como un intento de homicidio”.

El mismo documento será entregado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que también tenga conocimiento de la situación que enfrentan los periodistas de Guerrero.

 

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