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Bruselas, 30 de junio de 2017

Estimado Dr. Enrique Peña Nieto Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Nos dirigimos a usted desde la Federación Internacional de Periodistas (FIP), en representación de 600.000 trabajadoras y trabajadores de prensa en más de 140 países, para expresar nuestra consternación e indignación por la alarmante violencia e impunidad que sufren los y las periodistas en México. El mundo observa con asombro como día tras día se suceden ataques que, cada vez con mayor frecuencia, terminan con el asesinato de un/a comunicador/a sin que nadie sea castigado por ello.

Cecilio Pineda Birto, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximiliano Rodríguez Palacios, Filiberto Álvarez Landeros, Javier Valdez Cárdenas, Héctor Jonathan Rodríguez y Salvador Adame Pardo son los ocho nombres que, en los últimos seis meses, han pasado a engrosar la larga lista de periodistas asesinados en lo que va de su administración como Presidente de México, y que desde el año 2000 supera el centenar de muertes. Este año, además, se registraron cierres de medios bajo amenaza así como múltiples ataques e intimidaciones contra comunicadores y comunicadoras.

En el transcurso de estos difíciles años, la FIP ha acompañado a su afiliado, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en su reclamo permanente a las autoridades responsables y competentes para la activación de los instrumentos institucionales que deben velar por la seguridad de los y las periodistas, así como investigar los crímenes contra la libertad de expresión. Es realmente preocupante la escasez de respuestas que, debido a la debilidad de sus partidas presupuestarias y la falta de voluntad política, viene destinando su gobierno tanto el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en lo relativo a la prevención y seguridad de los comunicadores y comunicadoras, como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en lo que respecta a la investigación de los delitos perpetrados contra los mismos.

Pese a la valorable creación de estas instancias públicas, los atentados se incrementan y los crímenes quedan sin resolver. Una tasa de impunidad que ronda el 99,85% da vía libre a futuros ataques y ocasiona un virtual estado de censura y autocensura en el ejercicio de la profesión, sirviendo a los intereses de grupos de poder y dando por tierra con el derecho de la sociedad a estar debidamente informada.

Prueba de la crisis que expresa este preocupante panorama es el hecho de que las Naciones Unidas hayan seleccionado a México entre los cuatro países para aplicar su Plan de Acción en materia de seguridad de periodistas e impunidad en los crímenes contra la prensa.

En el marco de un ensañamiento explícito contra el sector, resulta aberrante que este año no se le hayan asignado recursos al mencionado Mecanismo y que el mismo se encuentre subsistiendo con fondos remanentes de partidas presupuestarias previas, según ha informado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que a su vez destacó la similar situación de precariedad en que se halla la Fiscalía Especial.

Lamentamos que en el transcurso de su mandato, lejos de resolverse, el escenario haya empeorado notablemente, acentuando el entorno de vulnerabilidad dentro del cual se desempeñan los trabajadores y trabajadoras de prensa. En este sentido, desde la Federación Internacional de Periodistas le conminamos, respetuosamente, a que antes de que concluya su sexenio, haga explícito su compromiso de resolver los 34 crímenes y tres desapariciones de periodistas perpetrados desde finales de 2012, y se haga justicia enjuiciando a los autores materiales e intelectuales de los mismos.

Deseamos que esta vez los anuncios públicos se traducirán en acciones concretas y, aunque consideramos que llegan con evidente demora, celebramos las medidas que usted ha dispuesto para intentar revertir este desolador panorama. Nos referimos al fortalecimiento de la estructura y el presupuesto del Mecanismo de Protección así como del esquema nacional de coordinación con las entidades federativas y a la creación de un protocolo de acción; al fortalecimiento de la FEADLE, dotándola de mayor personal y por último, a la coordinación de autoridades locales y federales para garantizar la atención de los delitos contra periodistas.

Desde la FIP, en el marco de la campaña “Protege al mensajero para hacer llegar el mensaje” que iniciamos en su país en 2008 junto a la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), instamos a todas a las autoridades de los distintos órdenes y niveles del Estado, empezando por la máxima instancia que sobre usted recae, para que asuman el compromiso ético y político de hacer frente a esta problemática que afecta no sólo los derechos humanos y laborales de los y las periodistas, sino que desdibuja la integridad democrática de México

 

 

Anthony Bellanger

Secretario general de la FIP

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