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Desde el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, hemos estado realizando un seguimiento cercano al caso de la periodista asesinada en el estado de Chihuahua, Miroslava Breach, acerca del cual se han presentado diversos avances en los últimos días, no obstante que es importante recapitular para puntualizar diversos hechos que falta clarificar.

Lo que se sabe del caso

El pasado 28 de diciembre se realizó en la ciudad de Chihuahua, una audiencia judicial sobre el caso, en la cual estuvieron presentes periodistas reconocidos como Marcela Turati, quien realizó una amplia cobertura del tema; esta audiencia es clave pues se abren importantes indicios acerca de lo que pasó en el caso de Miroslava.

Una de las mayores evidencias presentadas fue una audio grabación de una conversación que tuvieron Miroslava Breach y Alfredo Piñera en marzo del 2016, cuando este era vocero del PAN en el estado, y quien realizó la llamada a solicitud de José Luévano, quien era secretario general del PAN estatal, y actualmente es el secretario particular de Javier Corral, y quien había recibido una visita de Hugo Amed Schultz, alcalde panista de Chínipas, quien le pidió ayuda para desvincularse de una serie de notas de Miroslava, las cuales terminaron saboteando candidaturas de narcos a alcaldías de Chihuahua, particularmente en relación al caso de Chínipas.

En la conversación, la cual puede leer de forma íntegra en este enlace, Piñera presiona a Miroslava para que revele cuales fueron sus fuentes acerca de la información de que el precandidato del PRI a la alcaldía de Chínipas, Juan Miguel Salazar Ochoa, era sobrino del buscado narcotraficante Crispín Salazar Zamorano, heredero de Los Salazares, brazo armado del Cártel de Sinaloa.

En el diálogo, Miroslava se niega a revelar fuente alguna, afirmando que ella es de Chínipas y conoce a cada piedra y cada personaje, por lo que si quieren “chingarse” a alguien, que se metan con ella.

¿Porqué los citados panistas colaboraron con el narco y no con Miroslava?

Resulta un hecho grave, que estos altos funcionarios, en lugar de ir a detener a los responsables de las amenazas, colaboraron gentilmente con ellos, y les compartieron una USB con la grabación donde Miroslava se responsabilizaba de todo. El PAN estatal, y también el juez, exculparon la conducta de los mencionados panistas, señalando que fue una acción para demostrar que ellos no estaban involucrados en la filtración.

Pero lo que no se debe pasar por alto, es que una de las responsabilidades esenciales de todo servidor público, es la de combatir cualquier ilícito, por lo cual debe investigarse la conducta de estos políticos, quienes en lugar de protegerla, colaboraron con el narco, en acciones que posteriormente provocaron la ejecución de nuestra colega periodista.

Más aún, Miroslava había estado denunciando amenazas, y el gobierno de Chihuahua una y otra vez la abandonó, tanto así, que la periodista, decepcionada, se cansó de pedir ayuda, como se documenta en declaraciones de su amiga y colega Olga Alicia Aragón, en actas ministeriales de la Fiscalía del Estado y de la Procuraduría General de la República dentro de la investigación del crimen, como relata Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de La Jornada:

”Aseguró que no tenía caso porque de cualquier modo nada hacía para protegerlos a ella y a otros compañeros en peligro, sabiendo todo lo que se le había informado. “Ya se lo he dicho, él (Javier Corral) lo sabe todo (…) y si él no actúa aunque sea para evitar broncas en las que se metería su gobierno, que se chingue”.”

Cabe señalar también que el mismo ex alcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz, ya anteriormente había fungido como interlocutor del narcotráfico con Miroslava; El Diario de Cd. Juárez, recopila que en febrero del 2016 le externó amenazas procedentes de quien sería el bando contrario, el grupo de “El 80” del Cártel de Juárez, y quien le habría enviado el mensaje de que no regresara a la sierra, también debido a sus publicaciones como periodista, donde delataba la infiltración del narco en municipios como Namiquipa, Bachíniva, Urique, Uruachi, Guazaparez, Guachochi, Batopilas y Buenaventura, como describe Marcela Turati en Proceso/ElSur.

Las contradicciones del gobierno de Chihuahua

Otro hecho que es de llamar la atención, son las contradicciones que ha tenido en días recientes el gobierno de Javier Corral; primero, cómo describimos en SNRP, en torno a Ramón Andrés Zavala Corral, quien habría sido el sicario que realizó los disparos que acabaron con la vida de nuestra querida periodista, y de quien afirmaron, ya estaba plenamente identificado, no obstante que procuradurías vecinas, como la del estado de Sonora, señalaron desconocer su identidad, a pesar de que supuestamente ya había sido identificado desde al menos hace 9 meses, así como el hecho de que su lugar de ocultamiento estaba en Sonora; es decir, ¿cómo es que el gobierno de Chihuahua supuestamente ya tenía identificado y sabía donde estaba el sicario, pero no realizó la gestiones debidas para su detención? bloqueando así la impartición de justicia.

Pero no sólo eso, más grave aún resultan las contradicciones entre Corral y el fiscal de su propio estado, pues en relación a la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, primero se aludió que se trataba del autor intelectual del crimen, cómo publicaron diversos medios de circulación nacional en la primera plana del 26 de diciembre 2017.

No obstante que ese mismo día, en entrevista radiofónica el mismo Javier Corral reconocía que no se trataba de un autor intelectual, sino de un autor material por haber sido quien diseñó el ataque, no quien dio la orden.

Sin embargo, de forma contradictoria, desde el día siguiente, el gobierno de Chihuahua ha manejado una nueva versión, afirmando que “El Larry”, sí fue el autor intelectual, y que no hay nadie más por encima de él en la cadena de responsabilidad, afirmando que se trató de un “regalo” para un alto mando de “Los Salazares”. Claro, esto representaría una importante detención, pero si esto no es verdad, se trataría de una acción de encubrimiento.

Cabe resaltar que en la misma audiencia judicial que mencionamos anteriormente, no estuvo presente “El Larry”, por estar herido y golpeado (¿torturado?) y de que su defensa cuestionó porqué no se está investigando a “El 80”, quien también externó amenazas contra la periodista y cuyo apodo figura en el narcomensaje que dejaron en el lugar del homicidio, además de cuestionar también porqué se está dando condición de “testigos protegidos” a los citados panistas, quienes podrían también estar coludidos, no obstante que no están siendo investigados.

Aún hay persisten muchos cuestionamientos sin responder, motivo por el cual, nos sumamos al llamado de nuestro gremio para exigir que se aclare la verdad y se muestren las evidencias que clarifiquen los hechos, así como la condena y detención para TODOS y cada uno de los responsables.

 

Fernando Olivas Ortiz. Secretario General del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa

 

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