* Lo más preocupante es que México no atraviesa un conflicto armado declarado, pero se mantiene como uno de los países más letales del mundo para el periodismo
Guanajuato, Gto., 4 de febrero de 2026.- En un evento realizado en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el oficial de la ONU-DH, Ricardo Jorge de Souza Cancela Neves, dio a conocer el informe “Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. El documento, dirigido a fiscalías estatales y federales, busca fortalecer las indagatorias con estándares internacionales de debida diligencia.
Según los registros verificados por la ONU-DH, entre enero de 2016 y diciembre de 2025 se documentaron al menos 89 asesinatos de periodistas y 8 de trabajadores de medios de comunicación, presuntamente relacionados con su labor informativa. Además, 181 defensores de derechos humanos —muchos de ellos ambientalistas— perdieron la vida por motivos vinculados a su activismo. En total, 376 personas (incluyendo reporteros, comunicadores y defensores) sufrieron homicidios, desapariciones o atentados graves contra su vida.
De estas víctimas, al menos 80 eran mujeres, más de 100 defendían el medio ambiente y un alto porcentaje había reportado amenazas previas sin respuesta efectiva. El informe también detalla casos de intentos de homicidio y desapariciones: 14 periodistas, 2 trabajadores de medios y 13 defensores sufrieron atentados fallidos; 25 periodistas, 1 trabajador de medios y 43 defensores fueron desaparecidos.
* Impunidad agrava la crisis de libertad de expresión
Lo más preocupante es que México no atraviesa un conflicto armado declarado, pero se mantiene como uno de los países más letales del mundo para el periodismo y la defensa de derechos humanos, especialmente ambientales. La impunidad en estos crímenes —con escasas sentencias y líneas de investigación deficientes— normaliza la violencia y pone en jaque la libertad de expresión, el derecho a la información y la protección del entorno.
La ONU-DH identificó buenas prácticas en algunas fiscalías, como inspecciones adecuadas del lugar de los hechos, entrevistas a testigos, análisis de videos y contexto, peritajes especializados y emisión de medidas de protección. Sin embargo, alertó que estas no garantizan resultados efectivos si no se considera el contexto de la labor periodística o defensora como posible móvil del crimen.
Ricardo Jorge de Souza Cancela Neves reiteró el llamado a las autoridades mexicanas para priorizar investigaciones exhaustivas, combatir la impunidad y reforzar mecanismos de protección. “La violencia contra quienes informan y cuidan el territorio no puede seguir siendo tolerada en un país en paz”, enfatizó.
El informe entrega 16 recomendaciones concretas a las 33 fiscalías del país, entre ellas integrar el análisis de contexto y los posibles intereses afectados por la labor de las víctimas. Organizaciones periodísticas y de derechos humanos presentes en el evento exigieron avances reales en las investigaciones pendientes y el cumplimiento de compromisos previos.
En un contexto donde 2025 se consolidó como uno de los años más violentos para la prensa —con al menos nueve asesinatos según otras fuentes internacionales—, el mensaje de la ONU-DH es claro: sin justicia efectiva, la democracia y el derecho a un medio ambiente sano seguirán en riesgo.
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