* La celeridad con la que se aprobó la reforma ha generado indignación generalizada.
* “Esta ley no solo afecta a los periodistas, sino a toda la sociedad. Es un retroceso que pone en riesgo nuestra democracia”
Por Fernando Olivas Ortiz
Ciudad de México, 25 de abril de 2025 – En un hecho sin precedentes que ha encendido las alarmas sobre la libertad de expresión en México, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) se ha sumado a un amplio frente de instituciones nacionales e internacionales. Así como defensores de derechos humanos y activistas que condenan enérgicamente la aprobación de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocida ya como la “Ley Censura”. Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue presentada al Senado de la República y aprobada en un tiempo récord de 13 horas y media, sin análisis, sin debate y, según denuncias, sin siquiera una lectura completa del texto.
La reforma, que modifica artículos clave de la ley de telecomunicaciones, otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) facultades extraordinarias para bloquear contenidos en redes sociales, plataformas digitales, sitios web y aplicaciones sin necesidad de una orden judicial. Además, permite al gobierno suspender concesiones de radio y televisión, lo que críticos han calificado como un intento descarado de controlar los medios de comunicación y silenciar voces disidentes. El artículo 109 de la iniciativa, señalado como el más preocupante, elimina los contrapesos legales y otorga al Ejecutivo un poder discrecional para decidir qué contenido es “apropiado” o no.
La celeridad con la que se aprobó la reforma ha generado indignación generalizada. Según reportes, la iniciativa fue enviada por la presidenta Sheinbaum el pasado 23 de abril y, en menos de 24 horas, las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes, y Estudios Legislativos del Senado la dictaminaron favorablemente con 29 votos a favor, todos del bloque oficialista liderado por Morena. Apenas cinco senadores de oposición, incluyendo a Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano, votaron en contra, denunciando el proceso como una “imposición autoritaria”.
Organizaciones como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) han advertido que la reforma pone en riesgo pilares fundamentales de la democracia, como la libertad de expresión y el derecho a la información. En un comunicado, la ONU-DH instó al Senado a reconsiderar la legislación y garantizar que cualquier cambio normativo respete los estándares internacionales de derechos humanos.
El SNRP, en un pronunciamiento calificó la aprobación como un “golpe directo a la prensa libre y al derecho de la ciudadanía a estar informada”. En su declaración, el sindicato destacó que la falta de transparencia en el proceso legislativo, la ausencia de foros de consulta y la negativa a realizar modificaciones al texto original evidencian una intención de consolidar un control estatal sobre los medios y las plataformas digitales.
Aunque la presidenta Sheinbaum ha intentado minimizar las críticas, asegurando en una conferencia de prensa el 22 de abril que “no hay intención de censura” y que la reforma solo busca trasladar funciones entre agencias, sus palabras han sido recibidas con escepticismo. El texto de la iniciativa contradice sus declaraciones, al otorgar al gobierno herramientas para intervenir en los contenidos digitales sin mecanismos claros de rendición de cuentas. En respuesta a las críticas, Sheinbaum anunció el 25 de abril que está dispuesta a modificar el artículo 109, pero insistió en que la legislación tiene como objetivo evitar la “propaganda extranjera” en medios mexicanos, un argumento que muchos consideran un pretexto para justificar el control estatal.
El SNRP y diferentes organizaciones aliadas han convocado a la sociedad mexicana a movilizarse en defensa de la libertad de expresión, instaron a la ciudadanía a presionar a los legisladores para que la reforma sea revisada exhaustivamente y, de ser necesario, derogada. También han anunciado acciones legales para impugnar la constitucionalidad de la ley, argumentando que viola tratados internacionales y derechos fundamentales consagrados en la Constitución mexicana.
“Esta ley no solo afecta a los periodistas, sino a toda la sociedad. Es un retroceso que pone en riesgo nuestra democracia”, afirmó el comité ejecutivo del SNRP en una rueda de prensa. Diferentes organizaciones han hecho un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie contra lo que consideran un ataque directo a las libertades fundamentales en México.
La aprobación de la “Ley Censura” marca un punto de inflexión en el panorama político mexicano. Mientras el gobierno de Sheinbaum y Morena defienden la reforma como una medida para proteger la soberanía informativa, las voces críticas advierten que México se encamina hacia un modelo de control mediático similar al de regímenes autoritarios. La presión de las organizaciones sociales, el SNRP y la ciudadanía será crucial en los próximos días, cuando el Senado discuta nuevamente la legislación tras el llamado de Sheinbaum a extender el debate.
Por ahora, la “Ley Censura” permanece como una sombra sobre el derecho a la información y la libertad de expresión en México, y la unión de esfuerzos entre el SNRP y las organizaciones sociales representa una esperanza para revertir lo que muchos consideran un agravio a la democracia.
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